Durante una entrevista, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad contó cómo usaron una anomalía técnica en un medidor para iniciar un proceso legal contra okupas.
Un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sorprendió a los oyentes del podcast de Gusgri, al revelar una inusual experiencia laboral que involucró el desalojo de inquilinos morosos —mejor conocidos como okupas—, a través de un método bastante creativo, aunque legalmente cuestionable.
El testimonio fue compartido por el creador de contenido Doble G, quien entrevistó al trabajador de la CFE sobre las labores cotidianas de quienes forman parte de esta institución. Aunque gran parte del trabajo consiste en reparar fallas eléctricas, realizar conexiones y atender reportes, en esta ocasión, el trabajador narró cómo usaron el sistema para ayudar a un propietario desesperado por recuperar su casa.
“Una vez, nos buscó el dueño de una casa, desesperado porque tenía personas que no le pagaban renta. Nos preguntó cómo podía sacarlos de ahí”, relató. Fue entonces cuando, entre compañeros, idearon un consejo poco ortodoxo: generar una anomalía técnica en el medidor de luz, reportarla a la CFE, y usar la sanción resultante como base legal para iniciar un proceso de desalojo.
“No fue lo más correcto… pero sí resultó ser efectivo”, afirmó el empleado.
Según el testimonio, el mismo dueño fue quien provocó la supuesta irregularidad, luego hizo el reporte ante la CFE, y el personal acudió al lugar, levantó el acta correspondiente y procedió con la multa. A partir de eso, el propietario pudo iniciar un procedimiento legal que terminó con el desalojo de los ocupantes.
Aunque el relato se compartió con tono anecdótico y sin afán de dar un “manual” para desalojar, la historia generó debate en redes sociales sobre los límites éticos y legales que enfrentan los ciudadanos cuando el sistema judicial no responde con eficacia.
La CFE, por su parte, no ha emitido ninguna postura oficial sobre el tema, pero especialistas en derecho han recordado que manipular intencionalmente instalaciones eléctricas puede constituir un delito, además de representar un riesgo para la seguridad.
Aun así, el caso expone la frustración de muchas personas frente a procesos legales lentos y costosos, y cómo algunos optan por caminos alternativos para defender su propiedad, aún si cruzan la delgada línea entre lo legal y lo incorrecto.
